Un enérgico rechazo y fuertes cuestionamientos a la iniciativa radicada por el Representante a la Cámara por el Atlántico, César Lorduy Maldonado, a través de la cual plantea castigar con cárcel y sanciones pecunarias para quienes critiquen a funcionarios, exfuncionarios y políticos, fundamentalmente a través de las redes sociales.

Se trata de un típico ‘orangután’ incluido por Lorduy Maldonado en la ponencia para el segundo debate de la denominada Ley Anticorrupción.

Concretamente, la iniciativa radicada por el Representante atlanticense expresa lo siguiente:

Artículo 221A. Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos. El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal.

Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la Ley 906 de 2004.

En otros términos lo que Lorduy Maldonado plantea es castigar con 5 a 10 años de cárcel y sanciones que van desde los 12 millones 110 mil 651 pesos a 1.362 millones 789 mil pesos, para quienes critiquen a los servidores públicos.

De inmediato el tema ha generado una avalancha de cuestionamientos por parte de quienes consideran que resultaría absurdo y fuera de toda lógica incluir un ‘orangután’ de esta naturaleza en la Ley Anticorrupción que, en esencia, pretende exactamente lo contrario. Es decir, castigar a los servidores corruptos.

Pero tal como lo plantea de manera inexplicable el Representante César Lorduy Maldonado, con su ‘orangután’ en la práctica lo que busca es proteger a los funcionarios corruptos cuyas denuncias se hagan públicas a través de las redes sociales.

O también, es un típico caso de ‘legislar en beneficio propio’, como quiera que, directamente Lorduy Maldonado ha sido objeto de críticas por estar presuntamente involucrado en un caso de homicidio ocurrido en Barranquilla y por el cual los familiares de la víctima aún siguen reclamando justicia, sin que hasta el momento se conozca sentencia alguna en contra del victimario.

Las asociaciones de medios del país reaccionaron enérgicamente contra la propuesta de Lorduy Maldonado por considerar que ella representa una amenaza para quienes valerosamente se atrevan a denunciar hechos de corrupción.

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró la iniciativa como un ataque a la libertad de prensa.

La organización pidió su eliminación, por considerar que representa un "peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas".

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que la institución luchó muchas décadas en América Latina para "erradicar las leyes de desacato o leyes de insulto que servían a los gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa". 

Canahuati, CEO de Opsa, de Honduras, dijo que el proyecto de ley parece que tiene nombre y apellido; "es una herramienta para callar a medios y periodistas".

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo: "Estamos frente a un ordenamiento que privilegia a los funcionarios por sobre los ciudadanos, y esto crea una casta social diferente, tal como hacían las leyes de desacato e insulto en otras épocas". 

Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, agregó: "Nos extraña mucho que haya una disposición de este tipo en una ley anticorrupción, cuando justamente lo que se busca es que haya transparencia".

Tras largas campañas realizadas por la SIP y otras organizaciones de protección de la libertad de prensa, muy pocos países latinoamericanos mantienen leyes que blindan y protegen a los funcionarios de la crítica a través de penas de cárcel y multas, entre ellos Cuba y Venezuela.

Canahuati y Jornet expresaron que la ley en Colombia es una nueva ley mordaza. "Servirá de escudo a los funcionarios, permitiéndoles acosar y perseguir judicialmente a periodistas y medios cuya labor es investigar, denunciar e incentivar al poder público para que sea transparente".

"Esperamos que el Congreso colombiano, institución que ha sabido defender la libertad de prensa y de expresión de todos los ciudadanos, actúe en consecuencia y elimine estas protecciones especiales", concluyeron.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.

La iniciativa será discutida en segundo debate este lunes 6 de diciembre.